Este martes 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), nombró a 11 personas, físicas y morales, presuntamente vinculadas con una red dedicada al robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol fiscal, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el comunicado de la OFAC, las sanciones alcanzan a dos personas físicas y 18 empresas que, según el Departamento del Tesoro formarían parte de una red que habría empleado compañías de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar presuntas operaciones de ocultamiento y movilización de recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, dentro del anuncio, el Departamento del Tesoro asegura que las ganancias obtenidas por redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles en México no solo fortalecen las operaciones de los grupos criminales, sino que también han sido utilizadas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y favorecer la llegada de funcionarios dispuestos a colaborar con ellos.
Según el reporte, los grupos criminales emplean las ganancias obtenidas mediante la venta ilegal de combustible para influir en la esfera política del país.
“En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”.
El Departamento del Tesoro señala que este mecanismo permite al crimen organizado facilitar “las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.
Además, el documento sostiene que las actividades relacionadas con el huachicol representan actualmente “la fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos”.
El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general.
Entre estas actividades identifica tres principales modalidades:
- Robo de combustible y petróleo en México
- Contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos
- Contrabando de combustible desde EU hacia México mediante esquemas de evasión fiscal mexicanos conocidos como robo fiscal de combustible.
El informe también explica que los llamados “huachicoleros” obtienen combustible y petróleo mediante diversas prácticas ilícitas, entre ellas el soborno a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), perforaciones clandestinas en ductos, robos en refinerías, secuestro de pipas y amenazas contra trabajadores de la empresa estatal.
En el caso del petróleo crudo robado, el Departamento del Tesoro señala que éste es introducido ilegalmente a Estados Unidos por intermediarios mexicanos que “a menudo, se etiqueta erróneamente como aceite residual u otro material peligroso para evitar controles y evadir impuestos y regulaciones”.
Posteriormente, el producto es vendido con descuento en los mercados energéticos estadounidenses e internacionales, mientras que las ganancias regresan a los cárteles en México.
Por otro lado, el reporte describe un esquema mediante el cual organizaciones criminales contrabandean combustible desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), utilizando empresas mexicanas y estadounidenses cómplices, facturación falsa y redes de compañías fachada para introducir el combustible al país y comercializarlo como si fuera legal.
El Departamento del Tesoro añadió que, de acuerdo con reportes públicos, “entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito”.
Finalmente, señaló que el análisis de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó que los cárteles utilizan principalmente intermediarios y el sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos con activos digitales a distribuidores estadounidenses involucrados en estos esquemas.
En otros casos, agregó, los pagos se realizan mediante depósitos en efectivo estructurados provenientes de actividades ilícitas, como parte de operaciones de lavado de dinero basado en el comercio.
La primera persona que menciona el comunicado es Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), “una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG.”
El Tesoro asegura que Juraidini crea y opera empresas fantasma para el CJNG, falsifica documentos para transportar combustible ilícito por las aduanas de la frontera.
Además, Juraidini posee seis empresas, las cuales operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario y también se encuentran sancionadas:
- Centro Cambiario La Peseta SA de CV
- OJ Living Trust SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes; OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd
La OFAC también sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y por presuntamente pagar sobornos a grupos criminales que controlan los cruces fronterizos.
De acuerdo con la dependencia, las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, con las que está vinculado, habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares con terceros relacionados con el CJNG.
En consecuencia, Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, también fueron sancionadas por “por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CJNG.”
Las medidas impuestas por la OFAC contemplan:
- Congelamiento de bienes y activos: Todos los bienes, cuentas bancarias, propiedades y demás activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o estén sujetos a su jurisdicción quedan bloqueados.
- Bloqueo de empresas relacionadas: Las restricciones también se extienden a las empresas en las que las personas sancionadas posean, de forma individual o conjunta, una participación igual o superior al 50%, aunque no aparezcan expresamente en la lista.
- Prohibición de realizar negocios: Ciudadanos, empresas, bancos e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones o prestar servicios a los sancionados, salvo que cuenten con autorización de la OFAC.
- Posibles sanciones a terceros: Personas o empresas, incluso extranjeras, que brinden apoyo o faciliten de manera significativa las operaciones de los sancionados también podrían ser objeto de sanciones estadounidenses.
- Restricciones al sistema financiero: En la práctica, las personas y empresas designadas quedan prácticamente excluidas del sistema financiero de Estados Unidos, lo que dificulta el acceso a bancos que operan en dólares o mantienen vínculos con ese país.
- Mayor vigilancia financiera: Como medida complementaria, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió una alerta para que instituciones financieras detecten operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México y posibles esquemas de evasión fiscal.
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Con información de El Universal
